Culiacán, Sinaloa a 14 de febrero de 2023.- Sinaloa obtuvo el sexto lugar a nivel nacional en ausencia de corrupción con base al Índice de Estado de Derecho en México, realizado por la organización Internacional Independiente World Justice Project en el periodo 2021-2022.
La encuesta revela que en nuestro país existe un estancamiento en la lucha contra la corrupción, el cual cayó en 16 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y se mantuvo sin cambios en 11 (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala), con respecto a la medición 2020-2021.
Los indicadores con más caídas fueron el que se refiere a la corrupción en el poder judicial, con retroceso en 21 estados, el que mide los sistemas de seguridad y procuración de justicia, el cual bajó en 17 entidades federativas y la corrupción entre las autoridades del poder ejecutivo estatal, que también disminuyó en 17 estados y se mantuvo sin cambios en 6.
Este índice es el instrumento más completo de medición y único en su tipo acerca de la situación que guardan las 32 entidades federativas, ofrece datos actualizados y estructurados en ocho factores que enmarcan el Estado de Derecho, la posición de Sinaloa en éstos se encuentra arriba de la media nacional.
En el factor uno, límites al poder gubernamental, Sinaloa se ubicó en el número nueve; factor dos, ausencia de corrupción en el sexto lugar; factor tres, gobierno abierto, quinto sitio; factor cuatro, derechos fundamentales, se ubicó en la tercera posición; factor cinco, orden y seguridad, décimo lugar; factor seis, cumplimiento regulatorio y factor siete, justicia civil, se encuentra en onceavo sitio; en cuanto al factor ocho, justicia penal, Sinaloa es segundo lugar.
Cabe destacar que en la medición general de los ocho factores arriba mencionados Sinaloa subió del décimo al quinto lugar del ranking en México, en comparación al estudio anterior. El índice utiliza más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada a población general a 12 mil 800 personas y de las respuestas a encuestas aplicadas a más de 2 mil 100 especialistas en derecho penal, civil, laboral y salud pública.
